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Ordiñaga apela a la responsabilidad de todos los agentes del mercado para garantizar la seguridad en la oferta de productos dirigidos a los niños

La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, ha apelado a la “responsabilidad de todos los agentes que forman parte del mercado para garantizar la seguridad en la oferta de productos dirigidos a los niños”. 

Para Ordiñaga “desde productores a distribuidores, comerciantes, consumidores y autoridades de vigilancia debemos colaborar y tener iniciativa en la detección y retirada de juguetes peligrosos, ya que una oferta segura sólo puede lograrse con la implicación de todos”.

La directora general ha realizado estas declaraciones durante su participación en las Jornadas sobre Nuevos Requisitos para la Comercialización de los Juguetes, organizada por el Ministerio de Economía y Competitividad.

En su intervención, Ordiñaga ha repasado la labor desarrollada por su departamento en materia de protección de los consumidores, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en los productos que puedan suponer un peligro, especialmente para los más pequeños.

Para la directora general “uno de los principales objetivos del Consell en materia de consumo es la de garantizar un alto nivel de protección, asegurando la aplicación efectiva de la normativa. Para ello es fundamental la colaboración de las asociaciones de consumidores, que cada vez tienen un papel más activo, coincidiendo así con el compromiso de la Generalitat con la protección de la infancia”. 

También ha destacado la necesidad de que exista una mayor implicación de los responsables de la comercialización de los productos, tanto productores como distribuidores. “Así, -ha explicado- según el nuevo Real Decreto sobre seguridad de los juguetes, los distribuidores tienen la obligación de retirar cualquier producto que consideren que no cumple con las normas e informar a las autoridades de vigilancia del mercado”. 

“Otra de las principales vías para conocer la existencia de incidentes procede de las denuncias de los propios consumidores ante la propia dirección general de Comercio y Consumo o ante las OMIC, -ha señalado- así como de la cada vez mayor sensibilización de los jueces que instruyen diligencias sobre accidentes ocurridos con estos juguetes. Su colaboración es fundamental para identificar los productos, las causas de su peligrosidad y la franja de edad de los afectados”. 

En estos casos, los inspectores de la Conselleria proceden a la toma de muestras y solicitan al productor toda la información sobre reclamaciones previas, con el fin de poder actuar o de incorporar el producto, en su caso, en la Red de Alertas.

Por otra parte, Ordiñaga ha explicado que, en el caso de los juguetes importados de otros países, el resultado de las inspecciones es comunicado por el SOIVRE a los servicios de inspección de Consumo, y pueden dar como resultado la exigencia de subsanación del incumplimiento de la norma o el rechazo de la mercancía. En este caso, los importadores están obligados a comunicar a las autoridades si se ha comercializado el producto anteriormente y poder así retirarlo del mercado.

Balance 2011 
Durante el pasado ejercicio la Conselleria de Economía, Industria y Comercio retiró del mercado cerca de 90.000 juguetes con riesgo para la seguridad de los niños, lo que supuso cerca del 80% del total de productos retirados por al Generalitat durante ese periodo.

Los principales motivos para la retirada del mercado de estos juguetes fueron el riesgo de incendio y quemaduras, lesiones cutáneas y peligro de asfixia o ahogamiento.

Además, de los 46 productos introducidos por la Comunitat Valenciana en la Red de Alerta Española en 2011, un total de 35 corresponden a algún tipo de juguete.

Los juguetes introducidos fueron en su mayoría botellines de recambio de pompas de jabón, un modelo de coche eléctrico, disfraces fácilmente inflamables, lápices de maquillaje que podían provocar lesiones cutáneas, teléfonos móviles de juguete con algún componente que suponía un riesgo de asfixia para el menor y modelos de muñecas que contenían ftalatos, una sustancia que puede ser cancerígena y tóxica si los niños la chupan o se la introducen en la boca de manera prolongada.

Según Ordiñaga, “la gran mayoría de los juguetes introducidos en la Red de Alerta por posibles incumplimientos de la normativa de etiquetado o seguridad era de procedencia extranjera, por lo que podemos tener la confianza plena de que nuestros jugueteros, no sólo cumplen estrictamente con la normativa vigente, si no que muestran un altísimo nivel de compromiso con el consumidor final y, especialmente, con la seguridad infantil”.

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