El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defiende el modelo de jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, incluida en el Anteproyecto de nueva ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del Gobierno, que ha sido criticada con contundencia por los magistrados que deben aplicarla. Los magistrados que integran el alto tribunal la consideran de «difícil compatibilidad» con el principio de legalidad.

Así figura en el borrador del informe que el órgano de Gobierno de los jueces presentará al Anteproyecto auspiciado por Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha tenido acceso Europa Press y cuyo contenido será discutido en primera instancia durante la Comisión Permanente del CGPJ de mañana y ratificado en Pleno el próximo día 26.

Según el Anteproyecto cada tres meses el Pleno de cada una de las cinco salas del Supremo deberá decidir cuál es su jurisprudencia vinculante -de cumplimento obligatorio por los órganos judiciales inferiores- y ésta se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Magistrados del Supremo, jueces decanos y otros integrantes de la Carrera se han manifestado críticos con esta figura por entender que afecta a la independencia judicial y usurpa competencia del legislativo al colocar al Tribunal Supremo como fuente de derecho.

Frente a estas posiciones, los vocales del CGPJ defienden en su informe preliminar que no cabe sostener que el Anteproyecto establece dos categorías distintas de jurisprudencia que, de hecho, ya existirían en nuestro ordenamiento «sino una mayor intensidad en la vinculación en determinados casos previstos legalmente».

El CGPJ destaca, asimismo, que la medida «resulta un instrumento fundamental para reforzar la certeza y previsibilidad del Ordenamiento Jurídico, y por ende el principio de seguridad jurídica» y que contribuye a «validar la posición de supremacía» del propio Tribunal Supremo.

Pese a todo, el órgano de gobierno de los jueces, que ha abierto la realización de este informe clave para la reforma de la Justicia a toda la Carrera, sugiere que la vinculación jurisprudencial propuesta por el gobierno «no sea impuesta a los jueces en su grado máximo» y «quede abierta la posibilidad de dar una resolución judicial en sentido distinto siempre que se motive adecuadamente».

Piden también redefinir y clarificar el recurso de casación y que se articulen las competencias de los tribunales superiores de justicia en este en este ámbito.

En el informe aprobado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se llamaba la atención sobre la «difícil compatibilidad de la jurisprudencia vinculante con el principio de legalidad en material penal establecido por el propio Tribunal Constitucional.

Los magistrados del Supremo no consideran conveniente la creación de esta jurisprudencia vinculante «en la medida que puede llegar a alterar el sistema de fuente establecido» y pedían una regulación más adecuada el modelo de casación de modo que se permitan pronunciamientos en plazos razonables.

Frente a quienes han advertido de que esta medida atentaría contra la independencia judicial, el informe del CGPJ aduce que «no parece haber planteado problemas de este tipo la aceptación de la vinculación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o que se haya de interpretar el derecho comunitario».

«Pero además, jueces y tribunales de grado inferior, si estiman que esa interpretación dota al precepto legal de un contenido normativo que pudiera contradecir la Constitucion, no quedan compelidos pues cabe siempre interponer la cuestión de inconstitucionalidad», recuerdan.

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