El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dado luz verde este viernes el proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que permitirá la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios, para evitar que los progenitores tengan que desplazarse para inscribir al recién nacido.

Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, esta regulación se enmarca en el Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil por el que también se incorporan las subastas judiciales al portal único de subastas electrónicas del Boletín Oficial del Estado.

El proyecto, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, para cumplir las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ha incorporado algunas mejoras técnicas sobre el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2013, a partir de los informes elaborados por los órganos consultivos.

El texto, que ahora empezará su tramitación parlamentaria, simplifica el procedimiento para participar en subastas. Sáenz de Santamaría ha indicado que “los ciudadanos podrán acceder a todo tipo de pujas de bienes muebles e inmuebles que se produzca en cualquier lugar del Estado solo con darse de alta en el Portal de Electrónico de Subastas del Boletín Oficial del Estado cualquier día del año”.

Con ello se ahorrará en costes y se logrará una mayor transparencia en todo el proceso necesario para realizar una subasta pública. Además, se multiplicará la publicidad de los procesos y se podrá facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien ofertado, lo que facilitará su venta a un precio superior. Se podrá participar en ella casi en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La vicepresidenta ha señalado que “la seguridad jurídica del procedimiento estará garantizada” con una identificación inequívoca de todos los que intervienen, mediante la firma electrónica o firma con sistema de claves previamente concertadas. El sistema, del que será responsable un secretario judicial, garantizará un certificado electrónico de todas y cada una de las transacciones.

Por otra parte, ha dicho que el proyecto también prevé que la inscripción de los recién nacidos se realice “directamente en los centros sanitarios, sin necesidad de que los padres se desplacen físicamente al Registro Civil”.

Para la inscripción de los bebés, los padres, asistidos por los facultativos que hayan asistido al parto, firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el acreditativo del nacimiento y que será remitido al Registro Civil desde el propio hospital.

En el caso de que no se pudiera realizar la inscripción por este sistema de ventanilla única, la ley prevé que se pueda realizar por el método tradicional en los días siguientes o, en su defecto, a través de un expediente registral.

Las defunciones también se inscribirán en el Registro Civil. La certificación médica expresará la existencia o no de indicios de muerte violenta o de cualquier otro motivo por el que no deba expedirse la licencia de enterramiento o incineración.

Para aumentar la seguridad en la identidad de los nacidos y evitar que se pueda producir ningún caso de los conocidos como niños robados, la ley incide en la identificación entre el bebé y la madre, a través de pruebas médicas, biométricas y analíticas. “Para el caso de fallecimiento, el certificado de defunción será firmado por dos facultativos que deberán afirmar que de las pruebas realizadas no se desprenden dudas de la relación materno-filial”, ha concluido.

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