La violencia de género es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrenta la sociedad actual. Se refiere a cualquier acto violento o agresión cometida contra una persona debido a su género, y afecta mayormente a mujeres, aunque también puede manifestarse hacia hombres o personas de diversas identidades de género. Este tipo de abuso incluye no solo agresiones físicas, sino también psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales, y se encuentra profundamente arraigada en las estructuras culturales y sociales. Combatirla no sólo implica enfrentar sus manifestaciones más evidentes, sino también desmantelar las creencias y comportamientos que la sostienen. En este contexto, el rol de la psicología forense se vuelve indispensable para entender, evaluar y actuar ante los casos de ocurrir.

El psicólogo forense es un profesional especializado en la intersección entre la psicología y el sistema judicial. Su papel en este tipo de casos es multifacético, ya que realiza tanto evaluaciones de las víctimas como de los agresores, y proporciona informes que son fundamentales en los procedimientos judiciales. Uno de los principales desafíos que enfrenta es identificar y analizar el impacto emocional y psicológico que generan en la víctima. A menudo, estas personas experimentan síntomas relacionados con trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, y en algunos casos, una sensación de indefensión aprendida, lo que les dificulta salir del ciclo de maltrato.

En este sentido, el profesional debe ser extremadamente cuidadoso y sensible al momento de entrevistar a las víctimas. Las evaluaciones realizadas no solo deben centrarse en los efectos inmediatos, sino también en las secuelas a largo plazo que pueden aparecer. Por otro lado, también juega un papel importante en la detección de signos de manipulación o coerción, factores comunes en la dinámica del abuso. Una evaluación profunda y profesional puede ayudar a desentrañar la compleja psicología detrás de estos casos y aportar información clave para los jueces y abogados que intervienen en el proceso judicial.

Además de su trabajo con las víctimas, también tiene la tarea de evaluar a los agresores. Esta evaluación es fundamental, ya que permite entender mejor los patrones de comportamiento que llevan al abuso y, en algunos casos, determinar si el agresor puede ser susceptible de rehabilitación o si representa un peligro continuo. Los informes pueden incluir recomendaciones sobre medidas preventivas o rehabilitadoras, lo que es esencial para la protección de las víctimas y para el manejo adecuado del agresor.

Otro aspecto relevante del trabajo es su participación en la recolección y análisis de pruebas que pueden ser presentadas en juicio. Esto puede incluir testimonios, análisis de perfiles y la presentación de informes que respalden las declaraciones de las víctimas. La objetividad y precisión con la que se llevan a cabo estos estudios es clave para garantizar que el proceso judicial sea justo y transparente. Sin una evaluación adecuada, las pruebas presentadas pueden ser insuficientes para sustentar las acusaciones, lo que pondría en riesgo el bienestar de las víctimas y podría perpetuar el ciclo de maltrato.

El trabajo de este profesional en este tipo de casos no se limita al ámbito judicial, sino que también desempeña un papel crucial en la concienciación y prevención. A través de su experiencia y conocimientos, este profesional puede ofrecer formación y asesoramiento a diferentes organismos, como fuerzas de seguridad, centros de salud y organizaciones comunitarias, sobre cómo identificar y abordar las agresiones de manera efectiva. Además, su intervención puede ayudar a las víctimas a acceder a servicios de apoyo y acompañamiento psicológico a largo plazo, facilitando su recuperación emocional.

En Danáe Forense, comentan: “La evaluación psicológica desempeña un papel esencial en los procesos legales, ya que permite comprender y analizar los factores psicológicos que pueden influir en la conducta de las personas involucradas en un caso.”

Es importante destacar que la labor es un puente entre la ciencia de la conducta y la justicia. Su capacidad para comprender las complejidades emocionales y psicológicas de las víctimas y agresores, así como para proporcionar información clave a los jueces y abogados, contribuye de manera significativa a la resolución de los casos. En muchas ocasiones, su intervención es determinante para que las víctimas reciban justicia y protección.

Si bien la violencia de género sigue siendo un reto global, la intervención del psicólogo forense no solo mejora la calidad del sistema judicial, sino que también ofrece esperanza. Con cada evaluación y testimonio profesional, se abren puertas hacia la justicia y la recuperación emocional, brindando a las víctimas la posibilidad de reconstruir sus vidas en un entorno más seguro y digno.