La excepcionalidad de la situación actual ha motivado que diversos organismos mundiales y nacionales se hayan visto en la obligación de tomar medidas tanto a nivel social como económico. Y es que, sin olvidar que lo verdaderamente importante de todo esto, es conservar la salud, lo cierto es que muchos son los que están sufriendo de antemano las consecuencias de una crisis económica causada por una pandemia que al parecer, muchos sabían que llegaría, pero ninguno supo situarla en tiempo y lugar, haciendo que todo cuanto sabían no haya servido para nada. Más allá de lo que se supiera o no, y de que se tomaran o no las oportunas medidas a tiempo, lo cierto es que el Gobierno de España ha ido aprobando paquetes de medidas sobre la marcha para intentar parar el avance del coronavirus, pero también para intentar que la economía no se vea tan gravemente afectada. Sin ir más lejos, y tal y como indican desde la Auditoría Luis Parra, “el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, contiene medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Y entre ellas, cabe destacar la suspensión de plazos en el ámbito tributario”. “Los plazos de pago