En relación al «Anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», que recientemente ha aprobado el Consejo de Ministros, los empresarios opinan que no debería haber un doble baremo para determinar si se aplica o no un embargo de la vivienda habitual, en función de si la deuda es pública o empresarial. En este sentido mostraron su disconformidad con la no aplicación de la limitación de responsabilidad respecto a las deudas de Derecho Público, lo que permitiría embargarla en caso de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, frente a la inembargabilidad que operaría si se tratara de deudas empresariales. 

Por otro lado, los representantes de las PYMES volvieron a recalcar las dificultades de financiación a las que se siguen enfrentando las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana y solicitan que se puedan aplazar las cuotas pendientes con la Seguridad Social, antes de que se produzca el recargo por intereses de demora. Así mismo, destacaron la importancia de que las empresas y administraciones públicas cumplan los plazos de pago a proveedores previstos en la Ley de Morosidad, con lo que se evitaría situaciones de impago y perjuicios para la economía española. 

Por otro lado, desde CEPYMEVAL se mostró el pleno apoyo a CIERVAL en su reivindicación a la Generalitat Valenciana de las deudas que mantiene pendientes con las asociaciones empresariales, así como a la necesidad de mejorar el sistema de financiación autonómico. En este sentido, apoyaron las declaraciones del Presidente de CEV, Salvador Navarro, respecto a la necesidad de que los diputados del PP de nuestra comunidad autónoma en el Congreso sean coherentes con el discurso que plantea su propio partido dentro de la Comunidad Valenciana en cuanto a la financiación autonómica y actúen  en defensa de los intereses de los valencianos a los que representan. 

Por último, el Comité Ejecutivo de CEPYMEVAL considera fundamental recuperar la confianza para volver a generar empleo y opina que la reforma laboral ha demostrado ser insuficiente ya que incluso algún, requisito que la norma exige para poder aplicar el despido por causas económicas terminan suponiendo una traba para la obtención de financiación por parte de las pymes.