La reforma introduce nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar crímenes de especial gravedad fuera de nuestras fronteras.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el pasado viernes, 14 de marzo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), concretamente el artículo 23, relativo a la justicia universal., que entró en vigor al día siguiente. La reforma introduce nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar crímenes de especial gravedad fuera de nuestras fronteras.

El BOE recoge la reforma de la justicia universal dos días después de que el Senado la aprobara por vía de urgencia, sin cambios y apenas 15 días después de que el Partido Popular la sacara adelante en el Congreso de los Diputados.

Su entrada en vigor provocará que los seis jueces instructores de la Audiencia Nacional archiven a partir de este lunes la docena de causas que mantienen abiertas bajo el principio de justicia universal.

La reforma limita la persecución de los delitos de genocidio y  esa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.

El nuevo artículo 23 de la LOPJ elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una  acusación popular, para limitar su impulso a las querellas  presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

La extensión de la jurisdicción española más allá de nuestras fronteras se condiciona a la existencia de un tratado internacional  que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. La oposición ha criticado que algunas potencias, como China o Estados Unidos, no han ratificado tales convenios y es imposible perseguir sus crímenes.

La reforma impone nuevos límites a los jueces españoles y recoge en la lista de ilícitos a perseguir los delitos de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, las torturas o la corrupción de agente público extranjero.

Así, confiere a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los hechos, en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una  investigación efectiva de los mismos.

Esta reforma cobra mucha importancia también entre abogados y operadores jurídicos, ya que limita también su labor en cuanto a casos de fuera de las fronteras españolas. Para mantenerse al día de estos cambios en la legislación, resultan especialmente útiles las bases de datos de jurisprudencia, con las que los abogados pueden tener a un clic de ratón todas las nuevas normas aprobadas y publicadas.

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