España se sitúa en la cola de la Justicia europea.

 España se encuentra, junto con Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia, entre los Estados miembros con más casos judiciales en el ámbito civil y comercial pendientes de sentencia y ocupa las últimas posiciones en materia de inversión en tribunales y número de jueces, según el marcador sobre el estado y calidad de la justicia en la UE publicado por la Comisión Europea, que utiliza datos de 2012.

La justicia española se encuentra también entre las percibidas como menos independientes de la UE por parte de empresarios de todos los sectores (ocupa el puesto 22 entre los 28 Estados miembros), un sentimiento que además ha empeorado entre 2010 y 2012. Sólo Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia registran resultados peores, según los datos del Foro Económico mundial de los que se hace eco Bruselas.

Según los datos de Bruselas, España se sitúa en la parte media de la clasificación por lo que se refiere a la duración de los procedimientos, con alrededor de un año de promedio, superando incluso a Francia o Finlandia. Sin embargo, el número de casos pendientes está entre los más altos de la UE (casi tres por cada 100 habitantes en primera instancia), aunque baja ligeramente respecto a 2010. Sólo registran peores resultados Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia. Pero el estudio no tiene información de Chipre, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Holanda y Reino Unido.

Además, España figura como farolillo rojo en el presupuesto dedicado a tribunales, con una espectacular caída de los 90 euros por habitante en 2010 a apenas 25 euros por habitante en 2012. Sólo Rumanía, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia e Irlanda dedican cifras más bajas.

España está también a la cola de la UE en número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes, cifra que únicamente es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia.

Por lo que se refiere a la calidad del sistema judicial, el Ejecutivo comunitario sitúa a España en la parte media del marcador en cuanto al uso de tecnologías de la información para el registro y la gestión de casos, aunque le suspende por la escasa participación (inferior al 10%) de jueces en actividades de formación continua en materia de derecho de la UE o en derecho de otros Estados miembros.

Los abogados son uno de los colectivos más afectados por esta situación, a la que se suma las últimas reformas aprobadas y en tramitación que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto en marcha, como la Ley de Tasas Judiciales o la de Colegios Profesionales.

Ante estos problemas, cualquier ayuda para facilitar su trabajo influirá positivamente a seguir adelante. Así, la compañía Iberley ofrece un servicio de base de datos de jurisprudencia, pero con una importante diferencia, ya que incorpora un software para abogados en la nube (el denominado ‘Cloud Computing’), consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un mismo servicio.