Esta medida se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja el Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citado como testigo. Es decir, que no podrá hacerlo por escrito, como ocurre ahora.

Esta es una de las propuestas contenidas en el texto que la comisión de expertos entregó al ministerio para la elaboración de un nuevo Código Procesal Penal “adaptado al siglo XXI”. Y como ha adelantado el titular de Justicia durante una interpelación en la Cámara baja, la medida se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que trabaja el Ministerio. Asimismo, el ministro ha confirmado que incorporará también a esta nueva ley la prohibición de que un político forme parte de una lista electoral cuando se le haya abierto juicio oral.

Durante su intervención, Gallardón mostró su deseo de llegar a acuerdos con otros partidos para mejorar la lucha contra la corrupción y repasó las medidas en las que ha trabajado el Gobierno en su conjunto, como la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica-financiera de los Partidos Políticos; o la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo de la Administración del Estado; en la que se establecen dos niveles de limitación del ejercicio de las actividades económicas privadas después del cese.

Ruiz-Gallardón también se refirió a la mejora en la lucha contra la corrupción que supone el Código Penal -actualmente en tramitación parlamentaria-, en lo relativo a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, falsedad contable, administración desleal, financiación ilegal o estafa.

Del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado el viernes por el Consejo de Ministros resaltó que, entre otras medidas, se suprime la figura de los magistrados autonómicos, que hasta ahora eran designados por el Consejo General del Poder Judicial a partir de la terna presentada por los Parlamentos autonómicos, lo que garantizará la ausencia de cariz político en las decisiones de los tribunales.

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