El Gobierno remite a las Cortes el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo objetivo es mejorar el gobierno corporativo de las empresas.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo fin es mejorar el gobierno corporativo de las empresas. La norma incorpora las propuestas de la comisión de expertos en la materia, así como otras recogidas durante el periodo de audiencia pública, según han destacado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

De Guindos ha apuntado que la junta general de accionistas será la responsable de la política de remuneraciones, en lugar de los consejos de administración, y se dará más poder de decisión a los accionistas minoritarios para regular los potenciales conflictos de intereses. La remuneración de los administradores tiene que ser acorde con la situación económica de la empresa y velar por la rentabilidad a medio y largo plazo, destacan desde el Gobierno. Todas las sociedades tendrán que aprobar la cuantía máxima de las retribuciones anuales y no se podrá modificar dicha cuantía sin permiso de la junta general.

El ministro ha precisado que, en las sociedades cotizadas, la política de remuneraciones tendrá que aprobarse por la junta general al menos una vez cada tres años, e incluirá la cuantía máxima de la retribución anual del conjunto de los consejeros, así como la retribución fija anual y los componentes variables de los consejeros ejecutivos. Cualquier modificación tendrá que tener el visto bueno de la junta de accionistas.

En las sociedades cotizadas se reduce del 5% al 3% el capital social necesario para que los accionistas minoritarios puedan ejercer sus derechos. Asimismo, se reduce desde el uno por mil a 1.000 el número máximo de acciones que se pueden exigir para poder asistir a la junta de accionistas.

En relación con el consejo de administración, Luis de Guindos ha indicado que los consejeros de las sociedades cotizadas podrán estar en el cargo cuatro años como máximo frente a los seis actuales. Cuando el cargo de presidente y de consejero ejecutivo recaigan en la misma persona se exigirá que dos tercios del consejo voten a favor. Además, el consejo tiene como competencia indelegable la política de gestión y control de riesgos, incluidos los fiscales, y deberá presentar un informe anual que defina cuál es la estrategia fiscal de la sociedad.

Para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración, una comisión establecerá el objetivo de representación para el sexo menos representado. Asimismo, en los procedimientos de selección de consejeros, se facilitará el nombramiento de mujeres.

Por otra parte, el ministro ha señalado que todas las sociedades tendrán que publicar en sus memorias y en sus páginas web cuál es el plazo medio de sus pagos a proveedores. Si ese periodo excede del máximo establecido en la normativa de morosidad, las sociedades estarán obligadas a explicar qué medidas e instrumentos van a adoptar para que se vaya reduciendo el periodo medio y se adapte al máximo legal permitido.

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