La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de ley pactada entre PP y CiU para pedir al Gobierno que impulse los cambios normativos necesarios para garantizar que las comunidades de vecinos estén informadas de las ejecuciones hipotecarias en sus edificios, de modo que puedan ejercer acciones para cobrar las deudas pendientes de pago.

 La nacionalista catalana Lourdes Ciuró ha recordado que «información es protección» y ha defendido que si las comunidades de propietarios están informadas de que ha comenzado una ejecución hipotecaria tendrán más facilidades para recobrar parte de las cuotas pendientes y para girar al nuevo adquiriente que se ha adjudicado la propiedad los recibos por las siguientes cuotas.

«Esto daría oxígeno a las comunidades», ha insistido la diputada, subrayando la «preocupación» que a los nacionalistas catalanes les produce el problema de la morosidad en general y, particularmente, el de las comunidades de propietarios, ya que en este ámbito los impagos «repercuten negativamente en el mantenimiento de la finca, en la convivencia e incluso puede llegar a bloquear la toma de decisiones o las mejoras del edificio».

La ‘popular’ María del Mar Baena ha coincidido en que el cobro de cuotas impagadas a las comunidades de vecinos debe ser «expeditivo» y por eso ve «positivo» que se articule un «sistema de notificación» a las comunidades de propietarios de las ejecuciones hipotecarias que les afecten, ya que esa medida puede agilizar el cobro de deudas y también «contribuir a reducir la carga de trabajo de los tribunales y la necesidad de interponer demandas».

En cualquier caso, también ha recordado que la Ley de Rehabilitación urbana incorporó un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal para dar prelación en el cobro de las cuotas vecinales del año en curso y de los tres anteriores (y no sólo del anterior, como sucedía antes), y que supone también que «el comprador de un piso que opte por no exigir el certificado de deudas frente a la comunidad o la entidades financieras que se adjudiquen un inmueble por desahucio acaben pagando las cuotas de esos cuatro años».

Finalmente, el partido que da sustento al Gobierno ha pactado con CiU el texto final de la iniciativa, en la que se eliminan las referencias a la Ley de Enjuiciamiento Civil y al plazo en el que adoptar estas medidas, dejando así en manos del Gobierno la vía de reforma que estime más conveniente para abordar este problema.

La portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, ha aplaudido la oportunidad de esta iniciativa, ante la realidad «cada vez más habitual» de que «se pase de la banca siempre gana con los contratos hipotecarios a la banca nunca paga». En cualquier caso, ha exigido al PP que deje atrás el «filibusterismo político» y, si está de acuerdo con esta propuesta, tramite «rápidamente» una enmienda a la Ley de Regeneración urbana para que esto sea «una realidad».

También al portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, le preocupa este problema y por eso, dado que la iniciativa plantea «una solución viable y sencilla», ha avanzado su apoyo.

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