La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, han firmado un Convenio de colaboración para la lucha contra el empleo no declarado. El objetivo es estrechar más la colaboración entre ambas Administraciones dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Gobierno hace dos años.

En este sentido, la actuación contra la actividad laboral irregular ha permitido que en Cantabria afloraran 1.472 empleos irregulares, entre 2012 y 2013. Esta cifra supone un 41% más que en el bienio anterior. Además, la detección del fraude en prestaciones por desempleo en empresas se ha incrementado un 43,55%.

Por otra parte, Báñez destacó la «mejora sustancial» en la lucha contra las empresas ficticias, prueba de ello es la anulación de 12 sociedades fantasmas frente a tan sólo una en el periodo 2010-2012.

La ministra ha subrayado la necesidad de sentar bases sólidas para el  crecimiento económico, la creación de empleo estable y el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos y la sostenibilidad del sistema público de protección social. «Unos objetivos que necesitan la participación de todos, y a cuya consecución Cantabria está contribuyendo de forma extraordinaria», señaló.

El convenio suscrito este lunes contempla la creación en Cantabria de una unidad de trabajo especializado en la investigación, examen de bases de datos, diseño de nuevas técnicas y planificación de medidas de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

Asimismo, potencia la participación y colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones de control desarrolladas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, del Gobierno cántabro.

En el ámbito de la planificación anual de objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, se elaborará un plan integrado de actuación inspectora en los sectores de actividad o empresas que se determinen.

Fátima Báñez valoró estas herramientas como garantía de la eficacia de los servicios en beneficio de toda la sociedad, fundamentalmente en tres líneas: el refuerzo de los derechos de los trabajadores, a los que definió como «pilar básico de un sistema de empleo de calidad»; la lucha contra la competencia desleal entre quienes concurren al mercado y reducen costes mediante el incumplimiento de las normas; y por último, como refuerzo de la sostenibilidad del sistema de pensiones gracias a la mejora en la contributividad.

Para mantenerse al día de los cambios normativos, los abogados y operadores jurídicos cuentan con herramientas como las bases de datos de jurisprudencia, con las que pueden tener a un clic de ratón todas las nuevas normas aprobadas y publicadas.

En este sentido, la compañía Iberley se ha conseguido desmarcar en el mercado ofreciendo este servicio con calidad y diferenciándose al incorporar la integración de la base de datos con el software para abogados en la nube, consiguiendo aunar base de datos y software de gestión de expedientes en un mismo servicio.