El fraude más habitual es no visitar el inmueble, no realizar pruebas in situ y hacer responsable al propietario de los datos aportados

Entre las recomendaciones de DINSA están la de revisar la normativa en la que se desarrolla el proceso de certificación y la publicación de las tarifas oficiales reguladas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el BOE el 19 de noviembre de 2013 y exigir su aplicación

DINSA, primera empresa TIC certificada por AENOR en suministros e instalación de equipamientos de eficiencia energética, ha detectado casos en los que empresas o profesionales, reales o supuestos, están realizando certificados energéticos que infringen la legislación y pueden implicar a los propios consumidores.

Según la compañía, el proceso de certificación tiene dos bases: una tecnológica, uso de programas adecuados, y otra humana, que es en la que incide Luis Cabrera, responsable de eficiencia energética de DINSA, al afirmar que “de media, el estudio para la certificación energética necesita alrededor de 5 horas de trabajo para realizarse con garantías. Dentro de ello, entraría la visita al inmueble, la recogida y tratamiento de los datos, el análisis pormenorizado, las propuestas de mejora y otros trámites. Si multiplicamos estas 5 horas por el salario de un profesional especialista, ya podemos ir haciéndonos una idea de cuál debe ser el coste aproximado simplemente de la mano de obra en un certificado energético”.

Ante la aparición de malas praxis en la tarificación del servicio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado una resolución por la que se establecen tarifas oficiales para la expedición de los Certificados Energéticos en todo el territorio nacional. Así para viviendas de hasta 80m2 la tarifa es de 184,34 € (IVA no incluido), y de 222,69 € (IVA no incluido) hasta 150m2; a estos importes hay que sumar 20 € (más IVA) por la tramitación del registro del certificado ante la autoridad competente.

Por otra parte, no visitar el inmueble es otra de las prácticas habituales con las que se puede encontrar el consumidor. Algo que se estima imprescindible para “realizar las pruebas y comprobaciones necesarias” tal y como se recoge en la normativa legal, haciendo al propietario expresamente responsable de la veracidad de los datos facilitados. La mala praxis por parte de la empresa o el profesional es obvia en este caso, pero, al mismo tiempo, convierte al propietario de la vivienda en cómplice de la misma si se diera una situación en la que se encontrara un problema en los datos.

“Antes de contratar a una empresa para tramitar el certificado de eficiencia energética, yo siempre recomendaría al consumidor que se asegurara de que se visitará el inmueble”, afirma Cabrera. “Los profesionales del sector generalmente tienen experiencia anterior, demostrable y contrastada en materias como auditorías energéticas o proyectos de eficiencia energética. Yo evitaría a oportunistas y piratas en la medida de lo posible, porque, buscando vacíos legales para reducir costes al máximo, pueden acabar implicando al propietario en sus prácticas fraudulentas”.

En la mayor parte de Europa, los precios de los certificados energéticos oscilan entre los 200 y 600 euros, con excepciones muy llamativas como Dinamarca (a partir de 730 euros por ley) y Reino Unido (por encima de 1.000 euros). La normativa aprobada por España, en vigor a partir del 20 de noviembre de 2013, sitúa este coste en 184 euros, uno de los más competitivos.

La certificación energética de edificios es necesaria desde el 1 de junio para cualquier operación de compra-venta y alquiler de viviendas en España, lo que lo convierte en un procedimiento novedoso y desconocido y un sector donde hay que tener un especial cuidado en la elección de los profesionales que realicen los certificados.

Más información sobre la Certificación Energética en:
http://www.dinsa.es/certificacion-energetica