En los últimos años han irrumpido con fuerza nuevos modelos de movilidad en las áreas urbanas de todo el mundo: vehículos de movilidad personal (como el patinete), vehículos a motor de uso compartido, alquiler de vehículos con conductor, trayectos compartidos y dispositivos diseñados especialmente para la distribución urbana de las mercancías.

Estas fórmulas, además de poner en valor una nueva idea de movilidad, aportan soluciones sostenibles que podrían coadyuvar a que el ciudadano deje su coche en casa.

La reacción de los distintos actores del sistema tradicional de movilidad ante este fenómeno ha sido de distinto signo: por un lado, una apuesta a favor por parte de los Ayuntamientos. También del mundo empresarial, con la puesta en marcha de iniciativas para su desarrollo. Por otro lado, reacciones negativas de distintos sectores, en particular del sector del taxi ante los VTC. Cabe destacar, especialmente, la incidencia en usuarios y ciudadanos: ventajas de contar con una oferta más amplia de soluciones de transporte con menores costes, pero también problemas en el uso del espacio público y en seguridad vial.

El reto que se plantea con los nuevos modelos de movilidad
Hoy en día, el mercado de los nuevos modelos es claramente inmaduro, sobre todo, en algunas modalidades: motos y bicis compartidas, uso del car sharing y uso del patinete eléctrico. Esta situación plantea un reto importante para la gobernanza del sistema.

Lo primero que hay que afrontar es que, en la nueva situación, el sistema de movilidad funcione como un todo. Hay que reformular políticas y estrategias de carácter general y dar solución a temas concretos aparejados a los nuevos modelos.

Entre las principales cuestiones planteadas: intermodalidad, incidencia sobre la tradicional política de fomento del transporte colectivo, marco fiscal, social y laboral y plataformas de contratación. Entre las cuestiones más específicas: uso del espacio urbano, seguridad vial y derechos de los usuarios.

Orientaciones
Dada la magnitud del problema y la escasez de conocimientos y datos sobre la situación actual, es aconsejable pensar en una solución por etapas, por parte de la Administración pública.

Comenzar, junto a un trabajo previo de investigación, por reformular políticas y centrarse en los problemas de planificación y normativa más acuciantes.

Cabe analizar, en primer lugar, si el modelo actual de gobernanza de la movilidad urbana es capaz de asegurar un comportamiento armónico del sistema, frente a la revolución de la movilidad con la aparición de las nuevas modalidades.

Podría ser que se este propiciando, con tanta política de promoción de la bicicleta y otros modos individuales, la huida del transporte colectivo (sobre todo en autobús, pero también en metro), al incentivar el transporte individual alternativo y, lo que es peor, la sustitución progresiva de los desplazamientos a pie. Parece además que, al menos de momento, los VMP eléctricos van ganando terreno en la ciudad a costa de la propia bicicleta, el desplazamiento a pie e incluso del transporte colectivo, pero no de los vehículos motorizados (coche y moto).

En segundo lugar, en materia de planificación, se advierte la necesidad de reajustar los instrumentos y procedimientos de planificación – planificación tanto más necesaria al entrar en juego elementos disruptivos en el sistema que, en definitiva, son las nuevas modalidades de movilidad. Es clara la mayor complejidad de esta planificación dado el carácter privado de las nuevas fórmulas.

No hace falta insistir en la importancia de contar con una normativa sostenible, en un sistema con tantos actores e intereses en juego, en parte conflictivos. Especialmente en una serie de temas, como el uso del espacio urbano, la seguridad vial, los derechos de los usuarios, seguros y responsabilidad, ordenación del transporte personal e impacto ambiental.

En particular, se hace hincapié en el cumplimiento de la normativa relativa a la ‘micromovilidad’ (patinetes y otros dispositivos).

Su expansión en trayectos cortos compromete la seguridad del viandante de distinto signo – menores y mayores, personas discapacitadas – en menoscabo de su derecho a usar las aceras sin interferencias (aceras estresadas) y también la del propio usuario del dispositivo. La convivencia circulatoria y deambulatoria en las calles es uno de los grandes retos que deben afrontar las ciudades y ante los que la opinión pública cada vez está más sensibilizada.

Parece, finalmente, que ha llegado la hora de agrupar en un departamento ministerial las competencias en materia de transporte y movilidad, tráfico y circulación de vehículos, ahora repartidas. La globalidad del fenómeno y la cada vez menos trazable frontera entre estas materias así lo aconseja. En el entorno de la administración local ya están agrupadas en muchos casos en las áreas de movilidad.

Fuente:NotasdePrensa.es